La concentración de protesta contra la aplicación de la Ley de la Carrera Militar se va caldeando

29-10-2009 - Jorge Ventura

La concentración de protesta contra la aplicación de la Ley de la Carrera Militar se va caldeando

Un información breve, publicada por DiarioCritico.com el pasado 25 de octubre, recogía la preocupación del Gobierno –citando fuentes del propio Ejecutivo– por el anuncio de una concentración militar en Madrid el próximo mes de diciembre y por las quejas de los militares sobre la aplicación de la reciente Ley de la Carrera Militar, aprobada en noviembre de 2007 y que se está aplicando a lo largo del presente año, utilizando como argumento de fondo a la unificación de los oficiales en una única escala. La información, por las características de las noticias de esta sección, no mencionaba la existencia de otra problemática para el personal militar afectado que ahora vamos a desglosar en dos capítulos de cara a la próxima manifestación.

La citada noticia ha merecido un llamativo e inusual número de comentarios de nuestros lectores, reconociendo la mayoría ser militares de los empleos de suboficial, que coinciden en lamentar la ausencia de toda referencia a su particular problemática profesional, que consideran que es la más severa de todas, y en discrepar que el principal problema de queja de los militares se encuentre en la unificación de la escala de oficiales.

Consultadas fuentes militares conocedoras de la situación, queremos reflejar en esta crónica algunos de los motivos que provocan el malestar de nuestros militares con el ministerio de Defensa y que desmienten las palabras de su subsecretaria, en su reciente comparecencia parlamentaria, en las que dibujaba un pacífico escenario de aplicación ordinaria de la Ley, con una conflictividad normal en estos casos. La intervención de la Sra. San José no ha podido ser más desafortunada, según nos dicen, al contribuir a la irritación del colectivo de los suboficiales sobre los que llega a afirmar que su situación está solucionada.

De toda la regulación de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, destaca por su trascendencia para la carrera profesional de los militares en servicio activo las normas sobre encuadramiento de escalas y el régimen de ascensos. En ambos casos, la ley contiene importantes novedades: se unifica la escala de oficiales y los cuerpos general y de especialistas, y desaparece el criterio general de antigüedad para los ascensos. La enseñanza militar se modifica también en profundidad, adscribiendo las academias de formación de oficiales a la universidad para que los alumnos obtengan un título de grado.

La unificación de escalas y la integración de cuerpos

Los oficiales de la anterior Escala Superior de Oficiales, la élite militar, no aceptan de buen grado que se constituya una única Escala de Oficiales, como consecuencia de la adaptación del espacio europeo de enseñanza superior, en la que se integran también los de la anterior Escala de Oficiales, considerando que su formación de cinco años de carrera en las academias militares los equiparaba a la licenciatura universitaria, mientras que los otros oficiales, procedentes la mayoría de la promoción interna de los empleos de suboficial, no cuentan con este nivel académico. Para solventar esta situación, la Ley ha dictado algunas normas de integración entre los mismos empleos y ha establecido la necesidad de aprobar un curso de adaptación.

Los cuerpos generales y de especialistas han sido fundidos en un único cuerpo general. La integración de los suboficiales miembros de estos cuerpos se ha realizado por la fecha de antigüedad en sus respectivos empleos. Aquí aparece un primer motivo del descontento de los suboficiales, cuya integración en los nuevos cuerpos generales es forzosa –a diferencia de los oficiales, que voluntariamente pueden quedarse a extinguir en sus antiguas situaciones– y se realiza sin consideración alguna a los efectos de las anteriores reordenaciones legales. El ritmo se ascensos, en función de la plantilla y circunstancias del personal de cada cuerpo, era diferente por lo que esta nueva reordenación ha producido una rica variedad de agravios comparativos.

Por primera vez, en lo que constituye un avance en la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, el personal de tropa forma una escala propia con una regulación similar al resto de categorías militares. No obstante, el modelo profesional sigue oscilando entre el carácter permanente y temporal de sus miembros.

La concentración de protesta

Sobre la aplicación de la nueva ley, y sus diferentes problemáticas colectivas, planea la ausencia de vías reguladas de expresión pública de las inquietudes de los militares. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que agrupa a unos tres mil militares en servicio activo, principalmente de las escalas de suboficiales y de tropa, ha convocado una concentración de protesta en Madrid, el próximo día 13 de diciembre.

Desde el punto de vista jurídico, la concentración es legal, previa autorización gubernativa a efectos de seguridad, ya que los militares, como cualesquiera otros ciudadanos, según estableció la Sentencia del Tribunal Constitucional 219/2001, de 31 de octubre, tienen el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a constituir asociaciones profesionales. La ley prohíbe la formación de organizaciones sindicales, pero no de asociaciones, aunque, es evidente, que su diferencia puede llegar a ser sútil, lo que encarece todavía más la necesidad de de una regulación de este ámbito de relaciones.

Los miembros de las Fuerzas Armadas, de cuya madurez y responsabilidad no cabe dudar, por estar acreditándola con su actuación diaria dentro y fuera de España, merecen una regulación legal acorde con la Democracia avanzada de nuestro país.


DiarioCritico.com


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Los suboficiales, molestos por la "permanente marginación" de sus carreras profesionales

29-10-2009 - Jorge Ventura

La concentración militar prevista para el próximo mes de diciembre en Madrid elevan las quejas de los militares sobre la aplicación de la reciente Ley de la Carrera Militar haciendo hincapié en la 'marginación profesional de los suboficiales' y en las 'evaluaciones para el ascenso'. Desde el punto de vista jurídico, la concentración es legal, previa autorización gubernativa a efectos de seguridad, ya que los militares tienen derecho a constituir asociaciones profesionales. La ley prohíbe la formación de organizaciones sindicales, pero no de asociaciones, aunque, es evidente, que su diferencia puede llegar a ser sútil, lo que encarece todavía más la necesidad de de una regulación de este ámbito de relaciones.

Se espera que, en un breve periodo de tiempo, el Gobierno presente la Ley de Derechos y Deberes del personal militar, en la que está trabajando el ministerio de Defensa y en la que parece que se establecerá un cauce para la actuación de las asociaciones. El modelo regulado para la Guardia Civil se apunta como marco de referencia también para los militares.

La marginación profesional de los suboficiales

Entienden las fuentes militares consultadas que la nueva Ley ha vuelto a defraudar las aspiraciones profesionales del colectivo de suboficiales, ya muy perjudicadas por las anteriores normativas reguladoras, impulsadas tanto por la izquierda (PSOE) como por la derecha (PP). Pero, hagamos un poco de historia.

La ley de 1989 suprimió las llamadas Escalas Especiales de Oficiales, que abarcaban los empleos de teniente a comandante, a las que accedían por antigüedad los suboficiales, alcanzando la inmensa mayoría el empleo de capitán. La creación de la figura del suboficial mayor, un empleo con una limitada plantilla, se planteó como compensación por este cambio drástico de carrera profesional. Una vez más, la modificación legal, que conculcaba la trayectoria profesional con la que habían ingresado en los ejércitos, se realizó sin ninguna adaptación transitoria, por lo que unos militares se quedaron de suboficial (brigadas y subtenientes) y otros, incluso de sus mismas promociones, se retiraron de oficiales (capitanes y comandantes).

La ley de 1999 confirmó esencialmente este marco normativo, sin ninguna compensión moral o material sobre los perjuicios sufridos por este personal. Transcurridos los años, con el desinterés manifiesto de todos los ministros de Defensa, el proyecto que ha conducido a la vigente ley de 2007 había generado grandes expectativas de que, por fin, se iba a producir una regulación en profundidad de la carrera de estos profesionales. No olvidemos que se trata de la mayoría de los cuadros de mando intermedios y que su nivel de formación técnica no es inferior a las antiguas diplomaturas universitarias, aunque nunca ha sido reconocido.

Sin embargo, la nueva ley es ya vieja para los suboficiales, ya que su situación permanece igual, con unos empleos y unas funciones desdibujadas. La mayoría de estos profesionales, en un porcentaje elevado con estudios universitarios y gran experiencia práctica, sienten que se ha desperdiciado una oportunidad para realizar una nueva regulación de su carrera profesional, con empleos, funciones, retribuciones y sistemas de promoción a la altura de nuestro tiempo y, por tanto, alejados del paternalismo con el que han sido tradicionalmente tratados y que la nueva ley perpetúa e incrementa. El Estado vela por los intereses de los militares, pero no de la misma forma para todos. El hecho de que, hasta ahora, no se haya podido hacer valer la elevada formación de los subofciales, y la conveniencia de incentivar su carrera como medio para mejorar nuestras fuerzas armadas, tiene mucho que ver con que han estado totalmente ausentes en el proceso de reforma legislativa, siendo los asesores militares del Gobierno exclusivamente oficiales de la escala superior.

Las evaluaciones para el ascenso

El pasado verano se ha producido la primera aplicación de los nuevos sistemas de ascenso. Los militares cuestionan que este cambio trascendental, que para algunos puede cercenar su carrera profesional al no conseguir el ascenso al empleo superior, se haya realizado sin establecer un periodo transitorio para que todos los afectados pudieran adaptar su actuación profesional a los nuevos criterios de ascenso y conviviendo entre tanto los sistemas de selección con el ascenso por antigüedad. Además, ese tiempo de espera se podría haber destinado a desarrollar unos sistemas fiables de evaluación. Al no hacerlo así, y a partir de una fecha totalmente arbitraria, las expectativas profesionales de algunos militares decaen aún habiendo sido declarados aptos para el ascenso y haber realizado su carrera militar dentro del mismo marco normativo de sus compañeros que, por suerte para ellos, han ascendido antes por antigüedad.

Los militares entienden, especialmente los suboficiales veteranos para quienes estos nuevos sistemas de ascenso truncan definitivamente sus ya precarias carreras profesionales, que no han existido especiales razones de interés general para aplicar la nueva normativa de ascensos inmediatamente a todo el personal militar con independencia de su antigüedad, pudiendo haberse quebrado la seguridad jurídica al verse sorprendidos por una normativa de aplicación retroactiva a su carrera militar. Los tribunales tendrán que pronunciarse al respecto.

El modo concreto en que se han articulado los procesos de selección y clasificación –más que del nuevo sistema de ascenso se discrepa de la forma en que se está haciendo– para el ascenso están siendo también muy cuestionados por los militares. El desarrollo reglamentario de la ley sobre esta materia ha dispuesto una serie de criterios de valoración que, en realidad, se reducen a atribuir una importancia decisiva a los llamados IPECs (Informes Personales de Calificación) que emiten los superiores sobre sus subordinados. Estos informes, regulados por normativa anterior a la nueva ley y que no estaban elaborados para el delicado fin que se les ha atribuido ahora, reflejan una opinión totalmente subjetiva del calificador que, de hecho, no está obligado a justificar objetivamente sus calificaciones, prestándose a todo tipo de suspicacias y corruptelas.

La situación es explosiva para los afectados de este ciclo de ascensos ya que el orden de ascenso de los evaluados, incluidos los que quedan sin posibilidad de ascenso, lo determinan estos informes en perjuicio de otras calificaciones y cualificaciones objetivas acreditadas, en las que no interviene el arbitrio personal –tal vez condicionado por la amistad o enemistad entre calificador y calificado–, como puede ser la trayectoria de destinos, el nivel de conocimiento de idiomas extranjeros o los títulos del sistema educativo general. Desde luego, es dudoso que de esta forma se pueda apreciar el mérito y la capacidad de los evaluados. Los suboficiales se quejan de que este sistema los hace más sumisos –que no leales– a sus jefes, quienes tienen en sus manos su futuro profesional. “El que se mueva no sale en la foto”.

Algunos ejemplos concretos muestran el despropósito al que puede estar conduciendo esta precipitada y defectuosa aplicación de los nuevos ascensos. Un suboficial en posesión de una licenciatura universitaria, acreditación del conocimiento de idiomas extranjeros, desempeño de varios destinos y participación en varias misiones internacionales, obtiene mucho peor puesto en la evaluación que otro suboficial que lleva destinado 25 años en el mismo destino y no tiene acreditado ninguno de los méritos citados. No los necesita, ya que lo que este caso demuestra es que el sistema tiende a premiar la permanencia en el mismo destino como vía más eficaz para obtener las máximas calificaciones. El ministerio de Defensa haría bien en realizar una auditoría de estas primeras evaluaciones para el ascenso, cuyos resultados pugnan con el sentido común de lo que debe ser un sistema de evaluación de la competencia profesional.

DiarioCrítico.com

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Espiritu Militar vs. Espiritu Empresarial


España, un país de Romerales...

Sin acritud

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A las órdenes de los fabricantes de ARMAS.


Confidencias militaristas.


Éste es el retiro de oro que han conseguido algunos altos mandos militares ESPAÑOLES en los últimos tiempos.[...] “Mi general firmaba ‘cómprese’ por la mañana vestido con estrellas y por la tarde firmaba ‘véndase’ vestido ya de Armani[...]

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Tras el pase a la reserva ingresan en empresas dedicadas al negocio del armamento cuyo Principal cliente es, precisamente, el ………………. Ejército Español. Es el caso del ex-Almirante general Francisco Torrente Sánchez, Presidente de la empresa Explosivos Alaveses –que antes se dedicaba a fabricar bombas de Racimo y ahora está a cargo de su destrucción, del ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, General Carlos Villar Turrau, actual vicepresidente de estrategia de negocios de la empresa General Dynamic Santa Bárbara Sistemas (GDSBS), y el ex Jefe del Estado Mayor de la Armada, el Almirante General Sebastián Zaragoza Soto, asesor comercial para exportaciones de la empresa naval militar Navantia, de titularidad pública.
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¿Qué buscan estas empresas con este tipo de fichajes?

“Contactos, relaciones, influencias, capacidad de mediatizar”, responde José Luis Pitarch, Comandante de Caballería en la reserva y profesor de la Universidad de Valencia. “Poniendo al frente de estas empresas a un militar afín, bien remunerado y acechado por el temeroso retiro, tienen su lealtad asegurada a prueba de bombas”, sostiene un Suboficial del Ejército que prefiere guardar el anonimato.
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“Conocen secretos, los cuales pueden usarse al servicio de la empresa contratante. Igualmente, pagar favores al contratado, por los que éste hizo a la empresa desde sus anteriores puestos”, Añade Pitarch.
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A título de ejemplo, la empresa Explosivos Alaveses SA tiene como presidente al ex-Almirante General Francisco Torrente Sánchez(ex número dos de Defensa) y como administrador consejero a Jesús del Olmo Pastor, ex secretario general del CESID (los antiguos servicios secretos españoles), que fue acusado por el PP e IU de ser un “peón” del entonces gobierno de Felipe González “para encubrir los trapos sucios de los servicios secretos”.

Por su parte, el Almirante General Zaragoza Soto presidió la sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano durante la espinosa etapa de los vuelos ilegales de la CIA en España. Más tarde Zaragoza Soto, que está en posesión de la medalla OTAN, sería

Fichado por la empresa pública militar Navantia. El camino que han recorrido estos ex altos mandos militares hacia la empresa privada no ha sentado bien a algunos de sus antiguos compañeros. Tras ingresar el Ex Jefe del Ejército de Tierra, Villar Turrau, en la empresa GDSBS, el coronel en la reserva Antonio J. Candil Muñoz lo tildó de “sinvergüenza, inmoral y traidor”.

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Un suboficial del Ejército lo expresa de esta forma: “Nuestros mandos nos bombardean toda nuestra vida castrense con el consabido espíritu militar y resulta que ellos no lo tenían, que en realidad eran empresarios frustrados”. Para algunos militares descontentos, a la cuestión puramente económica se añade la operatividad y la seguridad del propio Ejército. La misma fuente asegura a DIAGONAL que “fomentando que algún avispado de la cúpula militar beneficie a empresas que el día de su pase a la reserva lo acojan en su consejo de dirección, se está despreciando a otras empresas cuyos contratos sí mejorarían la operatividad de nuestras unidades y la seguridad de nuestros militares”. Este suboficial afirma que “en más de un destino he podido observar como el general firmaba una orden de compra de determinado material a una empresa en la que él mismo trabajaba; allí recibía el pedido, no como militar sino como empresario”. Y concluye con sorna: “Mi general firmaba ‘cómprese’ por la mañana vestido con estrellas y por la tarde firmaba ‘véndase’ vestido ya de Armani”.

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Otro mas........ ¿Os acordáis del GENERAL Lombo López? JEMA y antes Director de Personal y de Gestión de Personal del Mando de Personal del Ejército del Aire, verdadero precursor del hundimiento meticuloso de la figura y carrera del SUBOFICIAL, además de cara dura al querer colar en la escala blanca a su hijo por encima de otros compañeros.

Detención del Guardia Civil Francisco Ruiz




Observe los métodos de la Policía Nacional, a las órdenes de Rubalcaba, deteniendo al Teniente de la Guardia Civil Francisco Ruíz, por el "grave delito" de estar de pié en la calle.


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La Plataforma Fragata Extremadura anuncia movilizaciones si el Tribunal Militar deniega el recurso al Supremo

La plataforma creada en su día en apoyo al cabo Gago, ahora convertida en Plataforma por la Verdad en la Fragata Extremadura, ha anunciado que emprenderán movilizaciones si el Tribunal Militar que juzga el caso sobre el accidente en el que perdieron la vida dos marineros rechaza el recurso de casación para acudir al Tribunal Supremo.

En un acto organizado en el local de CC.OO. en Ferrol, los integrantes de la plataforma, entre ellos el cabo Gago, han denunciado la opacidad con la que la Armada está llevando el proceso en relación a la explosión en el interior de la Extremadura y que causó la muerte a los tripulantes Francisco Javier Pérez Castrillón y Eric Noval en diciembre del 2005. La madre de este último, Isabel Gómez, ha asegurado que «hay muchos responsables que se quieren tapar» y «no estamos hablando solo el teniente de navío Pablo Varela», sobre quien el Juzgado Militar Togado de A Coruña ha resuelto no continuar con las actuaciones judiciales por entender que no existe un ilícito penal que lo responsabilice del suceso. «Pido un juicio justo y una investigación justa. Quiero un principio de justicia tutelada a la que todos tenemos derecho como dice la Constitución Española. Seguimos sin proceso de investigación, que es lo que se ha cerrado. Y ellos han emitido un juicio de valor en un proceso de investigación», ha sentenciado Isabel Gómez.

En esta línea, Jorge Gago Chao, el cabo de la Armada al que se le abrió un expediente disciplinario y que estuvo a punto de ingresar en prisión por hacer públicos datos sobre la explosión en la fragata, ha advertido que «a nosa loita non terminou». Acompañado por su padre, Miguel Ángel Gago, ha asegurado durante la rueda de prensa que harán «todo tipo de movilizaciones para impedir a impunidade».

La Voz de Galicia

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EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA.

Lo que sigue esta sacado de: http://www.gratisweb.com/tanhausen/index.htm

Ya que en internet permanece cierta información relacionada con nuestro apellido, la familia Alvarez-Maldonado Paramés se ve obligada a aclarar ciertos aspectos de la misma.


Se alude en dicha información a una denuncia presentada por la esposa de un Oficial de Marina contra un miembro de nuestra familia el Capitán de Fragata Ricardo Alvarez-Maldonado Paramés y contra el Teniente Coronel de Intendencia de la Armada Manuel Rivas. Ambos destinados entonces en Palma de Mallorca.


En dicha denuncia se acusa al Teniente Coronel, que entonces ocupaba el destino de delegado del INVIFAS (Instituto de Viviendas de las fuerzas Armadas) en Baleares, de haber consentido que Álvarez-Maldonado ocupara ilegalmente dos viviendas de dicho Instituto y a este, que entonces era Capitán de Corbeta Jefe de órdenes del Sector Naval de Baleares, haber permitido el atraque del yate particular del Teniente Coronel Rivas en los muelles de la Estación Naval de Porto Pí. Favores que se intercambiaron por ser compañeros y amigos


Ante estas graves acusaciones ambos militares elevaron escritos por conducto reglamentario que dieron lugar a expedientes que dejaron a la denunciante y a su marido en muy difícil situación. Sería prolijo relatar las diligencias practicadas e incluso las interpelaciones políticas a que dieron lugar con la consiguiente respuesta de la Asesoria Jurídica del INVIFAS, todas con conclusiones que manifestaban la conducta irreprochable de los denunciados. Estos pronunciamientos favorables no se han reflejado en INTERNET y la mencionada información sigue "colgada" en la red con el perjuicio moral que puede ocasionar a dos Oficiales Superiores de la Armada de acendrada honradez


Por ello para aclarar escuetamente los hechos queremos puntualizar:


1º El entonces Capitán de Corbeta Álvarez-Maldonado carecía de autoridad para conceder a nadie un atraque de su embarcación particular en Porto Pi. Las peticiones en este sentido se cursan por El Jefe del Sector Naval de Baleares al Almirante de Acción Marítima sito en Cartagena quien es el que, en casos muy particulares y por periodos determinados, la concede. Sin dicho permiso no se permite el atraque en Porto Pi .


2º El Capitán de Corbeta Álvarez-Maldonado como Jefe de Ordenes de Sector Naval habitaba, en la Estación Naval de Porto Pí, en una vivienda "Vinculada al Cargo" que tenía la obligación de ocupar mientras desempeñara dicho destino. Esto no le privaba de aspirar y de obtener, si se le concedía, una vivienda logística de régimen general del INVIFAS en Palma de Mallorca o en cualquier otro lugar de España. El Teniente Coronel de Intendencia Rivas, como Delegado del INVIFAS en Baleares no tenia atribuciones para asignar viviendas desocupadas en Palma de Mallorca a nadie. Estas competencias eran exclusivas de la Gerencia del INVIFAS en Madrid que ordenaba a dicho Teniente Coronel a quienes tenía que adjudicarlas una vez hecha la calificación, selección y ordenación preferente de los peticionarios. Por esta criba pasó la solicitud de Álvarez-Maldonado.


De hecho el entonces Capitán de Corbeta Alvarez-Maldonado hizo constar en su solicitud, como es preceptivo, que ocupaba ya "una vivienda vinculada al cargo" (lo que por otro lado ya sabía el INVIFAS) y desde que se le asignó por la Gerencia del INVIFAS en Madrid la vivienda en alquiler de la calle Sobreposat pagó mensualmente al INVIFAS dos recibos: uno por "la vivienda vinculada al cargo" y otro por la vivienda de la mencionada calle.


Todo lo anterior lo divulga esta familia para conocimiento de los que visitan estos sitios Web sin adentrarse en explicaciones más prolijas.

SOBRE LO ANTERIOR:

En dicha denuncia se acusa al Teniente Coronel, que entonces ocupaba el destino de delegado del INVIFAS (Instituto de Viviendas de las fuerzas Armadas) en Baleares, de haber consentido que Álvarez-Maldonado ocupara ilegalmente dos viviendas de dicho Instituto y a este, que entonces era Capitán de Corbeta Jefe de órdenes del Sector Naval de Baleares, haber permitido el atraque del yate particular del Teniente Coronel Rivas en los muelles de la Estación Naval de Porto Pí. Favores que se intercambiaron por ser compañeros y amigos.

Desconozco a que denuncia se refiere este párrafo y si alguien ha denunciado al Sr. Álvarez-Maldonado por haber autorizado el atraque en la Estación Naval de Porto Pí. De la lectura
del artículo publicado por EL MUNDO EL DÍA de BALEARES, sobre el hecho de que se estén utilizando unas instalaciones militares para uso particular, NO se desprende que el Sr. Álvarez-Maldonado haya autorizado el atraque.


Ante estas graves acusaciones ambos militares elevaron escritos por conducto reglamentario que dieron lugar a expedientes que dejaron a la denunciante y a su marido en muy difícil situación. Sería prolijo relatar las diligencias practicadas e incluso las interpelaciones políticas a que dieron lugar con la consiguiente respuesta de la Asesoria Jurídica del INVIFAS, todas con conclusiones que manifestaban la conducta irreprochable de los denunciados. Estos pronunciamientos favorables no se han reflejado en INTERNET y la mencionada información sigue "colgada" en la red con el perjuicio moral que puede ocasionar a dos Oficiales Superiores de la Armada de acendrada honradez.

Afirma este párrafo que tanto mi esposa como yo hemos quedado en muy difícil situación (gracias por hacérmelo saber, espero que vuestra acendrada honradez no acabe como el honor de un
conocido ex comisario). En mi opinión quien puede que esté en una situación difícil es quien pretende limpiar su imagen colgando en Internet un escrito repleto de imprecisiones cuando no de puras falsedades, y las personas que han amparado estas conductas entorpeciendo que se investiguen los hechos a los que se hace referencia, quizás siguiendo las mismas directrices de quién tenía la responsabilidad de proteger a un subordinado y a su esposa de los insultos y descalificaciones, por escrito y con publicidad, realizadas por un superior. (Ver artículo).


Por ello para aclarar escuetamente los hechos queremos puntualizar:


1º El entonces Capitán de Corbeta Álvarez-Maldonado carecía de autoridad para conceder a nadie un atraque de su embarcación particular en Porto Pi. Las peticiones en este sentido se cursan por El Jefe del Sector Naval de Baleares al Almirante de Acción Marítima sito en Cartagena quien es el que, en casos muy particulares y por periodos determinados, la concede. Sin dicho permiso no se permite el atraque en Porto Pi .


Como relleno no esta mal. No entiendo que es lo que se pretende al hacer público el procedimiento para solicitar atraque en una instalación militar. Desconozco si alguien ha afirmado que el Sr. Álvarez-Maldonado tenia autoridad para conceder un atraque.


2º El Capitán de Corbeta Álvarez-Maldonado como Jefe de Ordenes de Sector Naval habitaba, en la Estación Naval de Porto Pí, en una vivienda "Vinculada al Cargo" que tenía la obligación de ocupar mientras desempeñara dicho destino. Esto no le privaba de aspirar y de obtener, si se le concedía, una vivienda logística de régimen general del INVIFAS en Palma de Mallorca o en cualquier otro lugar de España. El Teniente Coronel de Intendencia Rivas, como Delegado del INVIFAS en Baleares no tenia atribuciones para asignar viviendas desocupadas en Palma de Mallorca a nadie. Estas competencias eran exclusivas de la Gerencia del INVIFAS en Madrid que ordenaba a dicho Teniente Coronel a quienes tenía que adjudicarlas una vez hecha la calificación, selección y ordenación preferente de los peticionarios. Por esta criba pasó la solicitud de Álvarez-Maldonado.

De hecho el entonces Capitán de Corbeta Alvarez-Maldonado hizo constar en su solicitud, como es preceptivo, que ocupaba ya "una vivienda vinculada al cargo" (lo que por otro lado ya sabía el INVIFAS) y desde que se le asignó por la Gerencia del INVIFAS en Madrid la vivienda en alquiler de la calle Sobreposat pagó mensualmente al INVIFAS dos recibos: uno por "la vivienda vinculada al cargo" y otro por la vivienda de la mencionada calle.


Aparte de admitir que es cierto que tenía dos viviendas militares asignadas simultáneamente y que el responsable del INVIFAS tenia conocimiento de ello, La Resolución Comunicada núm. 16/2006, de 4 de abril, de la Directora General Gerente del INVIFAS, sobre pabellones de cargo, dictada en aplicación de la Orden DEF/3242/2005, de 10 de octubre, incluye en su Anexo IV, con el número 91754, la asignación de un pabellón de cargo al Jefe de Órdenes del Sector Naval de Baleares dentro del recinto de la Estación Naval de Porto Pí en Palma de Mallorca. Firmada el 4 de abril de 2006 (y no antes). En esa fecha el Jefe de Ordenes llevaba prácticamente ocho años con dos viviendas asignadas.

Desconozco si alguien ha atribuido al responsable del INVIFAS en Palma la autoridad para asignar viviendas. De lo que no cabe duda es que alguien era responsable de velar por el cumplimiento de:
-Las Condiciones de Ocupación de la vivienda asignada por el INVIFAS, recogidas en el DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE CESION DE USO DE VIVIENDA MILITAR DE APOYO LOGÍSTICO, establece en el punto 9), apartado h) que: “Serán causas de revocación de la presente cesión de uso de la vivienda, y desalojo de la misma, las siguientes:…

h) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente

- En la Resolución sobre adjudicación de viviendas, que le fue notificada en su día al adjudicatario, se le advierte al interesado que: “En el plazo inexcusable de un mes deberá proceder a ocupar la vivienda adjudicada”.



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El cabo Jorge M. Gago, retirado de la Armada


Tras cuatro años luchando por despejar las causas del accidente mortal en la fragataExtremadura, el cabo Jorge Miguel Gago inicia una nueva vida. El Ministerio de Defensa acaba de concederle el retiro en acto de servicio de la Armada española, publicado en el BOE del jueves. El propio militar, vía correo electrónico, comunicaba ayer la resolución: "Teño o pracer ou a desgraza, depende coma se mire, de saír publicado no Boletín onde me conceden o retiro en acto de servizo".

El cabo primero se encontraba en situación de servicio activo en la base naval de Rota (Cádiz). Pero con fecha del 30 de junio de 2009, la Subsecretaría de Defensa declara la inutilidad permanente para el servicio. Según el Ministerio, dicha inutilidad acaece en acto de servicio "por insuficiencia de condiciones psicofísicas". El militar coge así el retiro anticipado, cobrando una pensión "y con residencia en San Fernando, Cádiz" según la Armada.

Desde el accidente mortal de diciembre de 2005, donde fallecieron dos militares en el Arsenal de Ferrol, el cabo Gago denunció "supuestas negligencias e irregularidades de los mandos". La Armada respondió expedientándolo e incluso analizando ingresarlo en prisión. Finalmente y tras múltiples manifestaciones ciudadanas, el militar quedó en libertad pero sin fuerzas para regresar a la vida activa.

El Correo Gallego


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