Pese a las distintas denuncias presentadas contra el teniente coronel Manuel Rivas, el Ministerio de Defensa ha amparado hasta el último momento la actuación del delegado del Invifas en Baleares.
El diputado popular Arnesio Fernández de Mesa dirigió el pasado invierno una batería de preguntas al Gobierno, en la que exigía explicaciones sobre las denuncias presentadas por la esposa de un alto mando de Porto Pi contra Rivas por amenazas y coacciones.
La respuesta del Gobierno, firmada el pasado 28 de noviembre no pudo ser más desalentadora. «El Ministerio de Defensa», reza el escrito dirigido a las Cortes, «no aprecia ninguna actuación irregular por parte de los responsables del Invifas en Baleares (...). No obstante», añade la nota, «al haberse interpuesto una denuncia contra el gestor del Área de Vivienda de la Delegación de Defensa en Baleares, a raíz de los hechos citados en la pregunta, el Ministerio de Defensa actuará conforme a lo que determinen las autoridades judiciales». Como no podía ser de otro modo.
No ha sido hasta el pasado 14 de mayo cuando el Ministerio se ha decidido, por fin, a asignar a Manuel Rivas un nuevo destino en Madrid.
En otra interpelación parlamentaria, el diputado popular Arnesio Fernández de Mesa también pedía al Gobierno que aclare si es cierto que el hasta ahora delegado del Invifas ha permitido que el ex jefe de Órdenes de la Base Naval, el capitán de fragata Ricardo Álvarez-Maldonado, disfrutara de dos viviendas militares al mismo tiempo durante siete años, algo que prohibe expresamente el reglamento del Invifas y la Ley 26/1999 de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
«¿Qué explicación puede dar el Ministerio de Defensa a semejante irregularidad consentida?», cuestionaba Fernández de la Mesa en su interpelación dirigida al Gobierno.
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